Esta norma introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableciendo que la Política Nacional de Urbanismo y Construcciones debe adaptarse a las necesidades de las personas. Se priorizan aspectos relacionados con las distintas situaciones que puedan impactar a lo largo de su vida, poniendo especial atención a factores como el sexo, la edad y la condición de discapacidad. Además, esta política tiene como objetivo promover la creación de espacios públicos seguros y accesibles a través de una adecuada planificación territorial, diseño urbano y gestión eficiente. También se exige incluir medidas de prevención situacional que garanticen mejor visibilidad y mayor seguridad. Asimismo, se establece que la planificación territorial debe abordar las diversas formas de exclusión que afectan a las personas, en especial las circunstancias específicas vinculadas a su sexo, edad y discapacidad a lo largo de su ciclo vital.

Planificación territorial, seguridad, prevención.

Modifica la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, para establecer la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a personas que, tanto en el momento de la postulación como en el proceso de adjudicación, cuenten con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para garantizar la implementación de esta medida, la ANID estará obligada a realizar consultas masivas electrónicas al Servicio de Registro Civil e Identificación. Este organismo será responsable de verificar y certificar en línea si el postulante o posible adjudicatario figura como deudor de alimentos con una inscripción activa en el mencionado registro. Mediante esta norma, se busca incentivar al deudor a que regularice su situación, teniendo en cuenta la precariedad en que suele encontrarse la persona que se encuentra en el otro extremo, ya sea la madre o padre, así como el hijo o hija.

ANID, registro de deudores, pensión de alimentos.

Se establece un mandato legal destinado a incrementar la participación femenina en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y en las sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta normativa establece que las personas de un mismo sexo no podrán exceder el 60% del total de los miembros de los directorios. Las empresas que no cumplan con este lineamiento deberán justificar públicamente y ante la Comisión para el Mercado Financiero las razones de ese incumplimiento. Cada cuatro años, la Comisión para el Mercado Financiero evaluará si el sector en su conjunto avanza hacia los estándares mínimos de representación equitativa. Asimismo, se detalla un cronograma de implementación progresiva de estos porcentajes y se crea un Comité Asesor para la Equidad encargado de supervisar el proceso y sugerir medidas adicionales, como programas de incentivo y actividades de formación, como herramientas para mejorar la equidad de género en las organizaciones. El objetivo de esta norma es el fomento del espacio para la mujer, teniendo en consideración el desarrollo que ha tenido su participación en el mundo laboral en el último tiempo. Dicho desarrollo no ha llegado a tener representación significativa en los puestos de toma de decisiones, por lo que se requiere generar dichos espacios.

Igualdad de género, participación femenina, Comisión para el Mercado Financiero.

El objetivo central es regular las funciones de la Comisión de Articulación Interinstitucional para Abordar la Violencia de Género, creada bajo la Ley N° 21.675. Esta comisión se encarga de coordinar, a nivel nacional, las acciones estatales destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, así como de ofrecer atención, protección y reparación a las personas afectadas por esta problemática. Entre sus atribuciones más destacadas se encuentra la aprobación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, además de la coordinación de las medidas implementadas por diversas entidades estatales para garantizar el cumplimiento de dicha ley. Este plan tendrá una duración de seis años. La Comisión está liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y cuenta con la participación permanente de doce instituciones: el Poder Judicial, el Ministerio Público, y los ministerios de Interior, Hacienda, Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia y Trabajo. Asimismo, integran esta instancia el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Se busca, a través de esta normativa, desarrollar un espacio para la coordinación y desarrollo de estrategias y políticas públicas más eficientes, ordenadas y estructuradas, poniendo en un lugar de importancia en razón de los principios a los que obedece.

Violencia de género, prevención, protección, plan de acción, Comisión contra la violencia de género.

El objeto de la ley es la regularización y modernización de las instituciones encargadas de proveer educación parvularia. Teniendo en consideración la importancia de la educación en esta etapa del desarrollo, proporcionar un buen servicio es esencial para dar condiciones necesarias a la hora de que una madre pueda enfrentar el mundo laboral. En este sentido, la ley opera asegurando la calidad de la oferta educativa y creando mecanismos flexibles, como programas alternativos, para garantizar la cobertura en contextos complejos tanto geográficos como sociales. Para cumplir este propósito, los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes estatales, pero no cuentan con el reconocimiento oficial, tendrán plazo hasta el año 2034 para regularizar obtenerlo. Asimismo, se otorga a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) la facultad de desarrollar programas alternativos con enfoques curriculares flexibles, diseñados para atender integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica. Entre otras medidas a destacar, la ley añade nuevos registros al Ministerio de Educación, como el Registro Público de Establecimientos de Educación Parvularia, así como un Registro de niños y niñas matriculados en establecimientos que reciben fondos estatales. Este último registro, de carácter confidencial, podrá ser consultado por los sostenedores para comprobar que los postulantes a sus establecimientos no se encuentren matriculados en otro establecimiento educativo.

Educación parvularia, JUNJI, establecimiento educativo.

El propósito principal de esta ley es modificar la Ley de Tránsito para establecer como causal de inhabilidad para obtener licencias de conducir profesionales el haber sido condenado por delitos de connotación sexual. Entre los cambios más relevantes se encuentra la exigencia para los postulantes a licencias profesionales de clase A-1, A-2 y A-3 de demostrar que no poseen antecedentes relacionados con los delitos señalados en el Libro Segundo, Título VII, Párrafos 5, 6 y 6 bis del Código Penal. Esta acreditación debe realizarse mediante un certificado de antecedentes para fines especiales emitido por el Registro General de Condenas. Asimismo, queda prohibido que los conductores con licencias profesionales (A-1, A-2 o A-3) condenados por estos delitos trabajen en cualquier servicio de transporte público de pasajeros. En caso de que se incumpla esta norma, la licencia será cancelada. Por otro lado, los operadores de transporte público de pasajeros están obligados a verificar semestralmente que sus conductores no estén afectados por la inhabilidad establecida en el artículo 87 bis de la Ley de Tránsito. Este control debe realizarse mediante la presentación del certificado correspondiente, el cual debe ser remitido al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En caso de no cumplir con este requisito, el Ministerio procederá a cancelar la inscripción del conductor en el registro correspondiente. El propósito de la normativa es proteger la integridad de las personas, basado en la evidencia de los casos registrados.

Licencia de conducir, cancelación, inhabilidad, delitos de connotación sexual .

El propósito de la modificación legal es reconocer aquellas circunstancias anexas a la pesca en las que la intervención es mayoritariamente femenina y se propone reconocer esta tarea estableciendo mecanismos de acceso equitativo para la integración de los Comités de Manejo. Cabe señalar que dicha participación es de suma importancia, puesto que este Órgano tiene la tarea de elaborar los planes de manejo, documentos formales que contienen los principales antecedentes de una determinada pesquería, que definen sus principales objetivos a alcanzar, así como también los lineamientos de administración y especificación de las reglas mediante las cuales se pretende alcanzar esos objetivos. En virtud de la relevancia de estas instancias y las limitaciones en la legislación en que se exigía para la participación en este Órgano, contar con el respectivo Registro Pesquero Artesanal, situación que limitaba considerablemente el acceso a la mujer, dado que la mayoría de estos recursos se encontraban cerrados a registros nuevos, es que la innovación legal establece una regla de igualdad de género, en que el comité nunca puede tener más de ⅔ de un mismo género.

Registro Pesquero Artesanal, Comités de Manejo, Igualdad de género.

La ley tiene por objeto resguardar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Lo anterior, mediante acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en razón de su género. Para cumplimiento de su objeto, la ley regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género, y considera especialmente las situaciones de vulnerabilidad o discriminaciones múltiples en que puedan hallarse. La norma define los conceptos de “niña”, “adolescente”, “mujer adulta” y “mujer”, cuyo valor recae en establecer límites tangibles a la hora de desarrollar normas y políticas públicas. Asimismo, entrega nuevas definiciones legales, principios, reglas de interpretación y sobre las formas que puede asumir la violencia, ampliando las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, la norma distingue aquellos casos de violencia de género que son materia de los tribunales de familia, de aquellos que son materia de los tribunales de justicia penal. Finalmente, entre otros aspectos a destacar, la ley 21.675 distingue los casos de violencia de género de conocimiento de los tribunales de familia, respecto de las materias de competencia de los tribunales penales. A la vez que, incorpora modificaciones particulares a otras normas, tales como, el Código del Trabajo, el Código Civil, la Ley sobre violencia intrafamiliar, entre otras.

Protección y atención, Mujeres víctimas de violencia, Acceso a la justicia.

La ley modifica un conjunto de cuerpo legales con la finalidad de promover espacios laborales seguros, fortalecer los mecanismos de protección frente el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo, garantizar la igualdad y erradicar la discriminación.
En ese sentido, se actualizan las definiciones legales de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo contenidas en el Código del Trabajo, se introducen innovaciones al reglamento interno de orden, higiene y seguridad, la obligación de contar con el protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo y el procedimiento de investigación y sanción en los casos que determina la ley.
Asimismo, se introducen modificaciones el régimen legal sobre la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo que comprenden, entre otros aspectos, la implementación de medidas preventivas, de investigación y sancionatorias aplicables a este tipo conductas, el procedimiento asociado a los mismos y las competencias de la Inspección del Trabajo.
En el caso del personal de la Administración del Estado, la normativa establece que el ejercicio de la función pública debe respetar el derecho de toda persona, con ocasión del trabajo, a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual.
Por su parte, los órganos administrativos deben adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, investigación y sanción de las conductas reguladas en la ley, a lo cual se agrega, la obligación de las entidades públicas de contar con protocolos de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual. En ese orden de ideas, se introducen los principios a los cuales deben sujetarse los procedimientos disciplinarios, tales como los de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género y se establece como un comportamiento que contraviene especialmente la probidad administrativa ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo.
A su vez, se modifica el estatuto administrativo general y municipal al establecer las obligaciones que la autoridad debe observar al iniciar un procedimiento disciplinario, los principios que los rigen, las medidas preventivas que se pueden adoptar para el resguardo de la persona involucrada, los derechos y deberes de información a la persona denunciante y las sanciones aplicables a las conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
Tratándose del acto que sobresee, absuelve o aplique la medida disciplinaria en contra de personas funcionarias del primer nivel jerárquico de la institución o servicio, deberá someterse al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.
Finalmente, la normativa modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en el sentido de establecer las exigencias para la cesación en el cargo de alcalde o alcaldesa y de concejales que hayan incurrido en los comportamientos sancionados por esta ley.

Prevención, acoso laboral/sexual, denuncia.

La norma tiene por objeto autorizar a aquellas personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, a gozar de preferencia al solicitar su feriado anual en concordancia con el período de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación y a que se modifiquen transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal.
A su vez, la normativa garantiza el derecho de las personas trabajadoras que realizan labores de cuidado no remunerado a destinar todo o parte de su jornada laboral para que pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
En ese orden de ideas, la ley establece un régimen jurídico que regula esta modalidad de trabajo que comprende los requisitos para su ejercicio, las obligaciones del empleador y los derechos de la persona trabajadora.
Por otra parte, se reconoce los principios de parentalidad positiva, corresponsabilidad social, la protección a la maternidad y la paternidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada.
Dichos principios deberán ser aplicados en concordancia con las responsabilidades y facultades de administración que el Código del Trabajo reconoce al empleador.

Vida familiar, teletrabajo, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, personas trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerado.

El objeto de esta norma es perfeccionar la normativa vigente relacionada con la implementación y aplicación de protocolos para la prevención y sanción de conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva.
Las modificaciones apuntan al establecimiento de deberes de información de las organizaciones deportivas sobre la sanciones impuestas por aplicación del protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato y demás cuerpos legales, la creación de un registro de sanciones administrado y actualizado por el Instituto Nacional de Deportes de Chile y se extiende la exigencia a las organizaciones deportivas de adoptar el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas reguladas por la ley para optar a beneficios y recursos públicos de cualquier naturaleza u origen.
En coherencia con esta disposición, se actualiza el deber del Ministerio del Deporte de elaborar y aprobar mediante decreto supremo el citado protocolo general, el que deberá ser adoptado por las organizaciones deportivas dando cumplimiento a los requisitos y procedimientos que establece la ley, así como los deberes de información y difusión.
Tratándose de la composición del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, se establece un principio de integración equilibrada de hombres y mujeres.
Respecto al procedimiento disciplinario para investigar y sancionar las conductas objeto de la ley, se establecen como principios estructurales el debido proceso, la proporcionalidad, la igualdad, la protección de las víctimas y la prohibición de la victimización secundaria.
Asimismo, la normativa regula el régimen de prescripción de la acción disciplinaria que se ejerza para la investigación y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, las reglas de interrupción de dicho plazo y la interacción de dichas normas con las disposiciones penales en el caso que existan hechos constitutivos de delitos.
El cuerpo legal también introduce modificaciones a la ley N°20.019, al extender las obligaciones y procedimientos para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato que regula esta ley a las sociedades anónimas deportivas profesionales.

Actividad deportiva, protección, acoso/abuso sexual, maltrato, discriminación.

Esta ley tiene por objeto actualizar las disposiciones previstas en la ley N°21.063 o “Ley Sanna”, a fin de permitir a los progenitores acompañar y cuidar a sus hijos o hijas afectados por condiciones graves de salud.
En este sentido, se precisa que para efectos de acceder al seguro de la ley N°21.063, se entenderá por padre o madre según lo previsto por el artículo 34 del Código Civil, garantizando la igualdad de derechos entre distintas formas de familias.
Por otra parte, se incorpora una nueva contingencia protegida por el seguro regulado por la ley N°21.063, en particular, la enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o de tratamientos intermedios.
Asimismo, se extienden los períodos de licencias médicas y los días de permiso para cada trabajador o trabajadora con un hijo o hija afectado por una condición grave de salud y se perfecciona el régimen de uso de los permisos por parte de las personas progenitoras.
La normativa, además, establece las reglas y plazos que regulan el fuero laboral para las personas beneficiarias del permiso que se otorguen con motivo de las contingencias de salud protegidas por el seguro.
Tratándose de las prestaciones y la administración del Fondo que garantizan su financiamiento, se innova en el procedimiento de calificación para el otorgamiento de las prestaciones, así como también en las entidades que lo administran y el régimen jurídico que regula su operación prevista al efecto.

Coparentalidad, cuidados, niñas y niños, condiciones graves de salud.

El objetivo principal de esta ley es establecer mecanismos de reparación y protección tanto a víctimas de violencia de género como a sus familias, poniendo especial énfasis en el Estado como garante de los derechos.
La propia ley establece las personas a quienes se considerará víctima, agregando que, corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género calificar la condición de víctima para acceder a las prestaciones establecidas en la ley.
En cuanto a las medidas de reparación, se establece la obligación del Estado a través de sus órganos competentes, de velar por adoptar medidas para facilitar la atención y reparación de las víctimas las que serán consideradas preferentemente en el acceso a las prestaciones de protección social de las que sean usuarias.
Asimismo, establece una pensión mensual en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres consideradas como víctimas, Por otro lado, establece que las víctimas de femicidio frustrado o tentado tendrán derecho a la protección del trabajo y gozarán de fuero laboral desde la perpetración del hecho hasta un año después, entre otras medidas de protección.

Violencia de género, femicidio, hijos, pensión, protección del empleo.

Esta ley modifica, entre otras cosas, al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes, buscando específicamente proteger la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su indemnidad sexual, y también se busca evitar la revictimización.
Aumenta el plazo de prescripción del delito de abuso sexual cuando se cometiere contra mayores de edad, la prescripción de la acción penal será de diez años, y crea un nuevo tipo penal de incitación al suicidio y establece distintas medidas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de los delitos más graves que impliquen violencia hacia ellas, en el marco del proceso penal.
Se busca dar apoyo de parte del Estado a las víctimas, generando un espacio seguro para todas las mujeres, para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiéndolas durante la investigación y el proceso penal garantizando su derecho a una vida libre de violencia.

Revictimización, violencia, abuso sexual, protección de víctimas.

El objetivo de esta norma es erradicar el matrimonio adolescente, acogiéndose a estándares internacionales, mediante la modificación del requisito de edad para la celebración de dicho acto.
Para que el matrimonio sea válido, ambos contrayentes deben tener mínimo 18 años, y se establece como causal de nulidad que sea celebrado con al menos un contrayente menor de 18 años. De igual manera, se amplía la protección del derecho permitiendo a cualquier persona solicitar la nulidad del matrimonio en virtud del interés superior del niño, niña o adolescente.

Matrimonio adolescente, nulidad, derechos humanos, matrimonio.

Esta ley tiene por objetivo proteger la maternidad durante la emergencia sanitaria producida en razón de una pandemia o epidemia contagiosa, mediante la facilitación del teletrabajo en casos que así se pueda realizar, sin ver la trabajadora reducida su remuneración.
Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.

Maternidad, embarazadas, teletrabajo, pandemia.

Esta norma fortalece los mecanismos de protección del derecho de las y los alimentarios a quienes se les adeude la pensión de alimentos. Será el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros documentos financieros de quienes poseen deudas, mejorando así el acceso a esta información.
También se establece un mecanismo de pago permanente de la deuda y en el caso que el alimentante deudor no cuente con los medios para cumplir con su obligación, se autoriza a perseguirla de modo subsidiario en las cuentas de capitalización individual de cotización obligatoria.
Este procedimiento especial de pago se aplicará cuando la persona deudora de alimentos deba, al menos, una mensualidad de la pensión, que fue fijada por un tribunal de familia.

Fondos, pensión de alimentos, alimentario.

La ley crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo objeto es articular diversas medidas legales, a fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. Ingresarán a este registro personas que adeuden tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos de pensiones de alimentos y que posean una resolución judicial que haya ordenado el pago de las mensualidades.
Algunas de las medidas que la ley contempla para lograr el pago de la deuda son las siguientes: .
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- Retener dinero de operaciones de crédito que realice la persona deudora. .
- Retener las devoluciones de impuestos de las personas deudoras hasta que se salde la deuda. .
- En caso de acceder a beneficios económicos del Estado, los fondos adjudicados serán destinados al pago de las deudas. .
- Empleadores de personas deudoras podrán descontar montos de las liquidaciones de sueldo para el pago de las mensualidades adeudadas.

Registro de deudores, pago de pensión, pensión de alimentos, alimentarios.

El objeto de este decreto es fomentar la paridad de género en la investigación desarrollo e innovación en ciencia y tecnología (CTCI).
Esta política busca generar igualdad de oportunidades y mover las barreras que impiden la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, para dar mayor diversidad, incrementar los talentos potenciales, y fortalecer la creación de conocimientos.
Para esto, se centra en cuatro pilares:

1. Niñez inclusiva, protegida y con habilidades para el futuro.
2. Sistemas de ciencia, tecnología, conocimientos e innovación inclusivos, transformadores, y responsables.
3. Un Estado comprometido con los datos, instrumentos y políticas para la igualdad de género en CTCI.
4. Ciencia, tecnología, conocimientos e innovación para resolver los impactos de la brecha de género en nuestra sociedad.

Paridad, brecha, ciencias, innovación, igualdad de género.

Esta ley tiene como propósito promover una política pesquera y acuícola a nivel nacional, donde se favorezca la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector. Para ello, se procurará eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género, en el marco de su competencia; la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, y el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Por su parte, reconoce las actividades conexas de la pesca, y las define como aquellas que, sin ser actividades pesqueras artesanales propiamente tales, son indispensables para las faenas de la pesca artesanal.
El valor de estos reconocimientos subyace en que son actividades mayoritariamente asociadas al trabajo femenino, y las equipara dentro de esta actividad con el motivo de permitir mejor acceso a fondos y financiamientos, así como para darle una mayor visibilidad como política pública.

Equidad, pesca artesanal, participación, equidad de género.

Esta ley reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, a la vez que otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19.

Monto, ingreso mínimo, asignación familiar, reajuste.

Esta norma tiene por objeto la incorporación de cuotas, forzando que ningún género pueda exceder el 60% de participación en un directorio.
El propósito es avanzar en reducir la brecha de la desigualdad entre los géneros, privilegiando la participación, promoviendo el uso de una mayor gama de talentos, y buscando dar una perspectiva mucho más competitiva en un mundo cada vez más diverso.

Cuotas de género, desigualdad, participación.

Esta norma encuentra su motivación en la crisis sanitaria y extiende por otros tres meses, la licencia COVID-19 asegurando que padres, madres y cuidadores de infantes cuenten con un respaldo económico durante ese tiempo, de manera de velar por el cuidado de los recién nacidos en estas circunstancias especiales.

Emergencia sanitaria, desempleo, licencias médicas.

Esta ley introduce modificaciones al seguro de desempleo, incorporando a las personas que trabajan en casas particulares, que en su mayoría son mujeres, a las cotizaciones del seguro de cesantía.
Se establece una nueva cotización, de cargo del empleador, que asciende a un 3% de la remuneración imponible del trabajador o trabajadora, sin distinguir la duración del contrato.
El objeto de esta modificación es proveer de mayor protección a estas personas, dado que su situación laboral es en muchas ocasiones precaria, y a través de esto se busca contribuir a su seguridad social.

Cotizaciones, seguro de cesantía, protección.

Esta modificación busca adecuar la legislación civil para eliminar las reglas que impedían a la mujer, cuyo matrimonio hubiere sido disuelto o declarado nulo, contraer un nuevo vínculo dentro de los 270 días siguientes a la disolución del vínculo o declaración de nulidad, con el objeto de evitar confusiones de paternidad ante un embarazo que se produjera en el tiempo intermedio.
Dados los avances tecnológicos que existen en la actualidad, no hay necesidad de mantener esta norma ya que se cuenta con pruebas biológicas que se pueden aplicar cuando se requiere de ellas para determinar la filiación de una persona, como el examen de ADN.

Restricción, segundas nupcias, paternidad.

El objeto de esta norma es reforzar la protección de la maternidad y otros derechos durante el estado de excepción constitucional por emergencia sanitaria, en el sentido siguiente:

1.- Teletrabajo o trabajo a distancia para la mujer embarazada siempre que fuere posible o modificación de las funciones que desempeña siempre que no implique un menoscabo para la trabajadora.
2.- Las licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de un año podrán emitirse de manera simultánea siempre que el reposo se encuentra médicamente justificado, no pudiendo ésta ser rechazada.

Fuero maternal: las trabajadoras cuyo fuero maternal expire durante la vigencia del Estado de Excepción tendrán derecho a la extensión de su fuero hasta el término del respectivo Estado de Excepción. Esta norma también favorece a los padres que hacen uso del fuero maternal en los casos previstos en la ley.

Teletrabajo, maternidad, fuero maternal.

La ley establece que las y los trabajadores que se encuentren haciendo uso de su permiso postnatal parental y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, tendrán derecho a una licencia preventiva parental por causa de la enfermedad Covid-19.
La ley contempla que mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, donde asiste el niño o la niña, las y los trabajadores que tengan el cuidado personal de ellos tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre que, cumpla con los requisitos.

Post natal, maternidad.

Lo que se busca a través de la paridad de género es recrear espacios más pluralistas, convocando todas las visiones de la sociedad para la construcción del futuro. La importancia de la paridad subyace en fomentar el diálogo entre todos los elementos de la sociedad, para la conformación de una nueva Constitución Política de la República.

Paridad de género, candidaturas, Constitución Política de la República.

La ley amplía el marco legal para que se considere como autor de femicidio a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer y no sólo cuando es su cónyuge o conviviente.
Las sanciones por la comisión del femicidio van de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Femicidio, delito, víctima.

Esta ley busca proteger a las personas que son víctimas de acoso o de abuso en lugares públicos. La Ley señala que comete acoso sexual callejero quien realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.
La ley también establece sanciones para quienes graben, filmen o fotografíen imágenes, videos, etc. de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual en un lugar público y sin su consentimiento. Además, en el caso del que capte y difunda sea la misma persona, se aumentan las penas.

Acoso sexual, lugares públicos, seguridad.

Se reconoce el valor de la lactancia como fuente de nutrición esencial de la infancia y un derecho de la niñez. Asimismo, establece sanciones para quienes vulneren el amamantamiento libre. Junto con lo anterior, decreta que el empleador deberá otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche. Y facilita los mecanismos para la donación de leche materna.
La norma consagra el derecho que toda madre tiene de amamantar a sus hijas e hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el que transiten legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante, con el apoyo y colaboración del padre cuando fuere posible, sin que pueda imponérseles condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo.

Lactancia, protección.

Esta ley protege a funcionarias y funcionarios de instituciones militares y policiales, con el propósito de asegurar que su personal tenga las mismas condiciones que las y los trabajadores que se rigen por el artículo 201 del Código del Trabajo Código del Trabajo, reforzando el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y la protección a la maternidad.

Fuero maternal, relación laboral, Fuerzas Armadas y policías.

El reconocimiento del derecho a la autodeterminación tiene por objeto dar un paso hacia la igualdad de género. El derecho a la identidad de género consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos.
El objeto de esta ley es regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género.

Identidad de género, protección, discriminación.

Se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en las siguientes situaciones:

1. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
2. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, es decir, de carácter letal.
3. El embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación o 14 semanas de gestación tratándose de una niña menor de 14 años.

Esta modificación busca actualizar la norma a los estándares del derecho de los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente en lo que respecta a asegurar los derechos reproductivos de la mujer y resguardar su integridad física y psíquica.

Despenalización, derechos reproductivos, tratados internacionales.